Reclaman al Gobierno que informe sobre los 356 mil dólares gastados en asesoramiento y control de construcción de dos canchas de fútbol
La firma de un contrato confidencial con una empresa impulsó una presentación desde el Bloque de Diputados provinciales que lidera Claudio Poggi.
En la sesión de la semana pasada en la Cámara de Diputados tomó estado legislativo un pedido de informe que realizaron desde la bancada de Unidos por San Luis para que el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá informe sobre todas las contrataciones que hizo el Ente Deporte.
La presentación incluye el requerimiento de la documentación respaldatoria certificada por el escribano de Gobierno, como así también las rendiciones de cuenta del organismo con iguales características de la documentación desde su creación y hasta la fecha de respuesta del requerimiento.
El proyecto, de autoría de la diputada de Unidos por San Luis Marisa Patafio, surge a instancias de una nota del periodista Daniel Miranda en El Chorrillero, en la cual revela que el Ente Deporte gastó 355.680 dólares en asesoramiento y control de la construcción de dos canchas de fútbol de césped sintético.
El motivo es la falta de transparencia porque el trámite fue confidencial y se desconoce si existen otros tipos de acuerdos similares.
El contrato está fechado el 24 de abril y estipula que el vínculo finalizó el 2 de junio, pero entró en vigencia a partir del 18 de abril. El documento lleva la firma del secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo junto a la secretaria de Deportes, Cintia Ramirez con Daniel José Fernández en representación de la firma Sporthub SA de la Ciudad de Buenos Aires.
El acuerdo incluye el asesoramiento, provisión de materiales y control de construcción en canchas propiedad del Gobierno. Lo que no tiene en cuenta son las obras civiles, fletes de insumos ni de equipos, viáticos ni alojamientos del personal, la logística de manipuleo de césped, arena y estructuras, seguridad y electricidad en obra.
Por último, Patafio mencionó en los argumentos que con la contratación, el Gobierno infringe con la Constitución provincial y la Ley de Contabilidad, Administración y Control Público que establecen la transparencia en este tipo de actos y garantizan la difusión.
El pedido de informe